jueves, 12 de febrero de 2009

El caso Ramírez


El escándalo de corrupción desatado en torno a la figura de Santos Ramírez, como ex presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, está siendo investigado y esclarecido a pasos agigantados por la comisión de fiscales del Ministerio Público que tiene bajo su responsabilidad el caso.
De no haber existido un muerto de por medio, el empresario tarijeño a quien voltearon un maletín con la nada despreciable suma de 450 mil dólares que iban supuestamente destinados al pago de una "coima" al ex presidente de YPFB, es de suponer que jamás se habría descubierto el acto de corrupción pública que estaba en curso, tal y como debe haber sucedido en incontables ocasiones en ésta y en las anteriores gestiones gubernamentales.
El pago de comisiones -con las excepciones que seguramente existen- por la adjudicación de contratos con recursos públicos, sea en la forma de "quinciños" o, como en el caso que nos ocupa, de "diezmos", es un secreto a voces que jamás ha podido ser constatado con tanta contundencia como en el escándalo que involucra a Santos Ramírez y a sus familiares políticos.
Las evidencias son tantas y tan concluyentes que el partido de gobierno no tenía argumento alguno para al menos intentar proteger al que era considerado como uno de los más influyentes hombres del MAS; así como tampoco tenía argumentos el Ministerio Público para no atender el asunto con la celeridad que tendría que aplicar en tantos otros casos que llevan años y hasta décadas sin resolverse.
Sin ir tan lejos, y sólo por citar un ejemplo reciente, habría que preguntarse por qué la Fiscalía no actuó con la misma eficacia para esclarecer las denuncias del contrabando que involucraban a un ministro de Estado. ¿Acaso tenía que haber una muerte u otro asesinato para que el caso reciba la debida atención?

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