Está bien reclamar al Gobierno central la devolución del IDH y la retracción de la espuria constitución de Oruro, y en general está bien oponerse a la socialización dictatorial y alocada del país; pero está mal no presentar una alternativa política nacional cuando sólo este Gobierno izquierdista la tiene y está ganando terreno político porque no hay alternativa organizada, sostenida y evolvente, y todos lo sabemos. O sea que no hay oposición política sólida dirigida a todo el país incluyendo los movimientos sociales que hasta ahora han apoyado y todavía sostienen los desatinos del Poder Ejecutivo y sus seguidores que con promesas y dádivas, sean éstas puestos o “ítemes” gubernamentales u otros enjuagues y componendas financiadas con dinero del pueblo de Venezuela sin que éste se manifieste al respecto, han desembarcado en una prepotencia fratricida que urge retar políticamente porque no hay otra forma civilizada que el mundo vea, escuche, lea y se manifieste incluyendo entes como la OEA.
El propósito es que El CONALDE, más Chuquisaca y buena parte de Cochabamba y la ciudad de La Paz, como alternativa política única bregue por quitar votos a los socialistoides del Gobierno, y por generar nueva riqueza en vez de repartir la poca existente que no sea a través de impuestos. El Gobierno central y los gobiernos regionales trabajando en concierto e incluso en competencia con la empresa privada (a los tres haría bien) debe ser la fórmula que ofrezca el CONALDE. Muchos lo apoyaríamos.
Lo malo es que el tiempo apremia y la informalidad repleta de ilegalidades antidemocráticas de este Gobierno tiene que combatirse enarbolando el beneficio de la legalidad. Todo y todos iguales ante la ley y en pos de la vertebración de Bolivia como fuente mayor de empleo a corto plazo sobre todo en las regiones más pobres donde habitan quechuas, aymaras y desde luego otros que constituyen mayoría.
Algunos de nosotros creemos que declarar la federalización de cada uno de los departamentos de la Media Luna, Chuquisaca y Cochabamba, sin que La Paz, Oruro y Potosí sopesen y comprendan los beneficios de ella y también la acepten, es inviable por lo costosa. Si ahora la gente no comprende lo que se entiende por federalización de los departamentos bolivianos, imaginemos la confusión si a ello se añade la oposición intransigente y hasta ciega del Gobierno central que, dicho sea de paso, de ninguna manera representa todo el Occidente de Bolivia. El Gobierno tiene sitiada a la ciudad de La Paz donde cada día aumenta el vejamen contra la gente de raza menos morena, ni qué decir la blanca. En este momento no hay ley ni menos Constitución que proteja el improperio racial que prolifera y se nota poco porque no es un bloqueo ni griterío. Se trata de una venganza premeditada y artera. El abuso rural que tiene rodeada a la ciudad de Sucre no ha escuchado mensaje político alguno que no sea el del grupo de gobierno. Repito, sólo el CONALDE está llamado, por la urgencia de cambio hacia la legalidad y la verdadera democracia, y la historia, a dar la alternativa política.
La federalización de los departamentos es tal vez la única salida, pero por favor, expliquemos dentro de un programa de oposición política orgánico qué queremos decir con departamento federal, y qué beneficios a corto plazo trae. Por ejemplo ¿tendrá el departamento federalizado su propio presupuesto independiente del presupuesto general de la nación? Si tal es el caso, ¿qué proporción de los impuestos federalizados se dará al Gobierno central y para qué? Quién supervisa qué y quién fiscaliza y hasta dónde. En este momento hay que proponerlo como plataforma política en la que se muestre el beneficio que se ofrece a los pueblos de todo el país. Urge hacer entender que el CONALDE propone el cambio que vaya del poco respeto histórico a la Constitución y las leyes, al respeto abierto al escrutinio contable y jurídico basado en la Constitución vigente… hasta que las aguas se calmen y se llame a una nueva Asamblea Constituyente después de 2010.
Puede ser que un departamento federalizado tenga su propia policía pero ¿habrá que deshacerse de la policía nacional? No creo. Habrá que tenerla porque el narcotráfico y en general la delincuencia no respetan lindes departamentales ni mucho menos. Necesariamente las leyes departamentales habrán de variar de un departamento al otro. Por ejemplo, Tarija, que produce gas natural, ¿tendrá el consumidor por garrafa que pagar el mismo impuesto que el consumidor de Pando? Por supuesto que no, y el Gobierno central habrá de recibir algo de ese impuesto pero desde luego no tanto como ahora. Peor aún es el contrabando y la resultante informalidad que en Bolivia se han convertido en cabecera de la economía y pasto fértil de autoridades o parientes de ellas desde hace décadas, y no creo que esto cambie de la noche a la mañana. Una pregunta es ¿cómo se federaliza la informalidad?
El propósito es que El CONALDE, más Chuquisaca y buena parte de Cochabamba y la ciudad de La Paz, como alternativa política única bregue por quitar votos a los socialistoides del Gobierno, y por generar nueva riqueza en vez de repartir la poca existente que no sea a través de impuestos. El Gobierno central y los gobiernos regionales trabajando en concierto e incluso en competencia con la empresa privada (a los tres haría bien) debe ser la fórmula que ofrezca el CONALDE. Muchos lo apoyaríamos.
Lo malo es que el tiempo apremia y la informalidad repleta de ilegalidades antidemocráticas de este Gobierno tiene que combatirse enarbolando el beneficio de la legalidad. Todo y todos iguales ante la ley y en pos de la vertebración de Bolivia como fuente mayor de empleo a corto plazo sobre todo en las regiones más pobres donde habitan quechuas, aymaras y desde luego otros que constituyen mayoría.
Algunos de nosotros creemos que declarar la federalización de cada uno de los departamentos de la Media Luna, Chuquisaca y Cochabamba, sin que La Paz, Oruro y Potosí sopesen y comprendan los beneficios de ella y también la acepten, es inviable por lo costosa. Si ahora la gente no comprende lo que se entiende por federalización de los departamentos bolivianos, imaginemos la confusión si a ello se añade la oposición intransigente y hasta ciega del Gobierno central que, dicho sea de paso, de ninguna manera representa todo el Occidente de Bolivia. El Gobierno tiene sitiada a la ciudad de La Paz donde cada día aumenta el vejamen contra la gente de raza menos morena, ni qué decir la blanca. En este momento no hay ley ni menos Constitución que proteja el improperio racial que prolifera y se nota poco porque no es un bloqueo ni griterío. Se trata de una venganza premeditada y artera. El abuso rural que tiene rodeada a la ciudad de Sucre no ha escuchado mensaje político alguno que no sea el del grupo de gobierno. Repito, sólo el CONALDE está llamado, por la urgencia de cambio hacia la legalidad y la verdadera democracia, y la historia, a dar la alternativa política.
La federalización de los departamentos es tal vez la única salida, pero por favor, expliquemos dentro de un programa de oposición política orgánico qué queremos decir con departamento federal, y qué beneficios a corto plazo trae. Por ejemplo ¿tendrá el departamento federalizado su propio presupuesto independiente del presupuesto general de la nación? Si tal es el caso, ¿qué proporción de los impuestos federalizados se dará al Gobierno central y para qué? Quién supervisa qué y quién fiscaliza y hasta dónde. En este momento hay que proponerlo como plataforma política en la que se muestre el beneficio que se ofrece a los pueblos de todo el país. Urge hacer entender que el CONALDE propone el cambio que vaya del poco respeto histórico a la Constitución y las leyes, al respeto abierto al escrutinio contable y jurídico basado en la Constitución vigente… hasta que las aguas se calmen y se llame a una nueva Asamblea Constituyente después de 2010.
Puede ser que un departamento federalizado tenga su propia policía pero ¿habrá que deshacerse de la policía nacional? No creo. Habrá que tenerla porque el narcotráfico y en general la delincuencia no respetan lindes departamentales ni mucho menos. Necesariamente las leyes departamentales habrán de variar de un departamento al otro. Por ejemplo, Tarija, que produce gas natural, ¿tendrá el consumidor por garrafa que pagar el mismo impuesto que el consumidor de Pando? Por supuesto que no, y el Gobierno central habrá de recibir algo de ese impuesto pero desde luego no tanto como ahora. Peor aún es el contrabando y la resultante informalidad que en Bolivia se han convertido en cabecera de la economía y pasto fértil de autoridades o parientes de ellas desde hace décadas, y no creo que esto cambie de la noche a la mañana. Una pregunta es ¿cómo se federaliza la informalidad?
Jorge V. Ordenes L.
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