La cuestión de la unidad

Desde el mismo momento en que Bolivia decidió constituirse en República, la cuestión de la Unidad Nacional estuvo en el tapete de los asuntos indefinidos. No sin razón, por eso el Mariscal Sucre pidió “otro premio a la Nación, el de no destruir la obra de mi creación, de conservar por entre todos los peligros la independencia de Bolivia…” No lo dijo sin que antes, le hirieran en el brazo, producto de una asonada, que tenía ligazones con los aprestos peruanos para anexar la nueva República al Perú.
La historia nos enseña que la fundación y constitución del nuevo Estado fue discutida y resuelta en medio de al menos tres propuestas o caminos a tomar: ¿Los departamentos del Alto Perú se unirán a la república Argentina, o se declararán separados? ¿El alto Perú quedará unido con la República Bajoperuana, o también se declararán separados? ¿Los departamentos del Alto Perú se erigirán en un Estado soberano e independiente de todas las naciones, tanto del Viejo como del Nuevo Mundo?
Charles Arnade en “La Dramática Insurgencia del Bolivia” nos hace este relato: “El proceso final del nacimiento de una nueva nación había comenzado y los miembros de la Asamblea estuvieron bien conscientes de la importancia de este momento. Aunque estos hombres que habían venido a debatir acerca del futuro de Charcas, con la excepción de uno o dos, no merecían este honor. Ellos eran oportunistas. Habían venido a la Sala de la Universidad para debatir su propio futuro personal con total desconsideración por el bienestar de Charcas y su pueblo”.
Juan Carlos Urenda en su libro “Autonomías Departamentales” cita a José Luis Roca y expresa que: “De acuerdo a los textos constitucionales bolivianos, la nuestra es una República unitaria, democrática y representativa. Pero en general, no hemos podido ser lo uno ni lo otro, ni lo tercero. Somos un Estado que vive una etapa de su proceso formativo, donde aún no se ha producido la sujeción completa a un poder legítimo y a unas reglas de juego constitucionales”.
En este contexto considero debemos preguntarnos si luego de la aprobación altiplánica de la nueva constitución, hemos logrado superar la traba histórica con la que nacimos a la vida republicana. O si con ella al fin tenemos “una sujeción completa a un poder legítimo y a unas reglas de juego institucionales”. Parece que la realidad nos dice que no.
En “El estado del Estado”, documento del PNUD, se confirma esta aseveración y define muy bien la intencionalidad política subyacente en la cuestión, de la pre-existencia de los indígenas originarios campesinos: “El primer tipo imaginario supone que existen identidades, compromiso y tradiciones sociales y étnicas “pre-existentes”, que no dan mucho campo para la deliberación, o negociación democrática. Bajo esa visión lo que está en juego es la hegemonía nacional de una facción “pre existente” sobre la otra. Esta lectura, cercana al esencialismo étnico y social en Occidente y Oriente, entre clases populares y clases altas, entre mestizos y pueblos indígenas, nace del “atrincheramiento” faccional y una vocación por el poder total.
¿Qué dice la nueva constitución? Artículo 2. Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley. Estamos no cabe duda ante el esencialismo étnico y social, que busca la hegemonía el poder total. Y estamos ante un cuadro real de pre-eminencia social de una clase sobre las otras, que se expresa de manera rotunda en la nueva constitución. Un elemento central que define la cuestión de la unidad nacional. ¿Se puede tener -o pretender tener– unidad nacional, planteando la pre-eminencia social de las naciones aymaras y quechuas sobre el conjunto social restante? El pensamiento indigenista expresado por sus ideólogos nos dice que sólo habrá unidad nacional si esta pre-eminencia étnica se cumple.
¿Qué le queda al resto social no pre-existente?. ¿El sometimiento? ¿Y no es por tanto lícito, al menos cuestionarse, si bajo esta superestructura jurídica vale la pena continuar?

Dante N. Pino Archondo